“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, gritaba el mexicano Emiliano Zapata a sus seguidores en medio de su lucha en contra de la concentración de las tierras de los latifundistas, a inicios del siglo XX. Cincuenta años más tarde, en Colombia, la guerrilla de las FARC enmarcó su motivación por la revolución y la insurgencia sobre este mismo ideal, empoderando a los campesinos a luchar por la tierra; desde este entonces se desató una guerra interminable que por más de cinco décadas desencadenó secuestros, asesinatos, narcotráfico, corrupción y desigualdad. Sin embargo, el desenlace parece haber comenzado, pues se logró la tregua definitiva y por medio de una serie de acuerdos, las dos partes del conflicto le han prometido al país un futuro mejor y diferente a las próximas generaciones.
Los acuerdos concentran su atención principalmente en el agro, debido a que al haber sido la principal motivación para empezar la guerra es evidente que implementar soluciones para este sector puede transformarse en el motor para la paz. De este modo, en su afán por evidenciar los esfuerzos sobre una “política de desarrollo agrario integral”, el 20 de julio de este año, el presidente Santos aprobó el proyecto de ley 223 de 2015, a través del cual legaliza la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES). A grandes rasgos, la nueva ley delimita las zonas especiales del país caracterizadas por su aislamiento, altos índices de pobreza y poca infraestructura. Según el gobierno, con la delimitación de estos terrenos, la Ley pretende generar inclusión social de los campesinos, promover la productividad de la tierra, crear desarrollo económico y social de las periferias, regular la propiedad de los trabajadores del agro, generar empleo rural y garantías de seguridad alimentarias para los vinculantes.
Por un lado, el discurso del Gobierno y el Ministerio de Agricultura parece tomar una postura que promete dignificar el campo colombiano y de este modo, plantea soluciones que busca integrar toda una cadena productiva con trabajadores agrícolas. Además, es importante que la Ley promueve esquemas de negocios serios y formales que deben cumplir con un procedimiento y un control por parte del Estado. Asimismo, el gobierno se jacta de que es la ley más “audaz” en cuanto a la historia del agro del país, ya que enlaza una nueva dinámica de producción agrícola con incentivos crediticios, con el fin de promover inclusión económica y social de los beneficiados.
Por otro lado, es importante anotar que el proyecto de Ley “ZIDRES” ha estado en la mira de académicos, funcionarios públicos y organizaciones campesinas, por la libertad de interpretación que presenta y con el argumento de que va en contravía de lo que pretende el futuro de la Reforma Rural Integral establecida en los acuerdos de paz. La nueva Ley tiene un enfoque hacia la productividad y no hacia la tenencia de la tierra, debido a que la Ley puede presentar una interpretación que habilita a las empresas a adquirir tierras por medio de concesiones casi perpetuas. De hecho, la Ley fue demandada recientemente y la Corte Constitucional aprobó la demanda por el efecto de la Ley ZIDRES que da pie a las empresas a acumular baldíos en vez de ser asignados a los campesinos sin tierras, los cuales deben ser favorecidos según lo dicta la Constitución a través la Ley 160 de 1994.
De este modo, es evidente que la actitud ideológica del gabinete presidencial intercede en este tipo de decisiones legislativas. El Gobierno tiene la noción de que la inversión de capital privado de grupos económicos ya consolidados es la solución para el posconflicto e incidirá en la dignificación del sector primario. Si bien es compresible que la escuela económica neo-clásica del gabinete actual se fundamenta en ideales que prometen la creación de valor para la población a partir de inyecciones de capital y conocimiento, en Colombia no contamos con las condiciones para que esto suceda; actualmente, el país no tiene instituciones de calidad o con la suficiente legitimidad para evitar que los grandes actores económicos sigan acaparando la riqueza y explotando los recursos naturales sin cumplir los compromisos económicos que deben asumir con las regiones. Si el gobierno tiene la intención de generar inclusión social y económica del campesinado colombiano, debería enfocar sus esfuerzos en la creación de proyectos de cooperativas de empresas familiares u otras figuras que involucren al campesinado como empresarios y dueños de sus tierras, tal y como funciona el sector primario en la mayor parte de países desarrollados como Francia, Italia y España, y no sólo como trabajadores agrarios de las grandes corporaciones; éste será un tema de discusión en el próximo articulo que publicaré.
En conclusión, el conflicto colombiano no puede tener un desenlace desarrollando políticas que favorecen los intereses económicos de unos pocos. Esto seguirá contribuyendo a la desigualdad del país, lo cual es el eje del círculo vicioso de la violencia que nos ha atormentado por más de 60 años. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno.
Fuente: https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/08/18/ley-zidrez-en-contravia-de-la-paz/
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